En el año 218 a. C., el tribuno de la plebe Quinto Claudio consiguió que el Senado aprobara una ley por la cual se prohibía a todo miembro del mismo, o a sus hijos, la propiedad de barcos con una capacidad de carga superior a las trescientas ánforas. La Lex Claudia de senatoribus fue diseñada para evitar que las familias patricias romanas se enriquecieran con el comercio marítimo e impedir así que pudieran influir sobre las decisiones del Senado acerca de qué guerras librar. Técnicamente, la actividad mercantil ya era ilegal para ellos, pues se la consideraba como una profesión baja, más propia de las clases terratenientes, pero, gracias a ciertos vacíos legales, habían logrado evadir los tecnicismos legales vigentes. La nueva reforma hizo que muchos senadores se centraran en el interior e invirtieran en negocios y agricultura dentro de la misma península itálica, lo que, durante la guerra contra Aníbal, surtió el deseado efecto de concentrar la atención general en la muy real e inminente amenaza que Aníbal representaba: la destrucción de la hegemonía romana en la península itálica e, incluso, la destrucción de la ciudad de Roma.
